¿QUÉ HACEMOS?

Representamos a los asociados perjudicados por los retrasos indebidos y les asesoramos para formular quejas por el mal funcionamiento de la Administración de Justicia y los órganos judiciales del órgano del poder judicial.

Estudiamos cada caso de responsabilidad patrimonial del Estado, teniendo en cuenta las responsabilidades que deben cumplir:

  • La existencia de un daño efectivo, individualizado y evaluable económicamente; que se haya producido un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.
  • La concurrencia de la oportuna relación de causalidad entre el funcionamiento de la Administración de Justicia y el daño causado.
  • La acción se ejercite dentro del plazo de un año desde que la producción del hecho determinante del daño propició la posibilidad de su ejercicio.

3 TIPOS DE MEDIDAS

1º) La presentación de quejas por el mal funcionamiento de la Administración de Justicia ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ):

Esta medida se puede tomar cuando se producen situaciones de retraso o negligencia que afectan el normal desarrollo de los procedimientos judiciales. El CGPJ es el órgano de gobierno del Poder Judicial y su principal función es garantizar la independencia de los jueces y magistrados. Además, tiene la competencia de supervisar la actuación de los jueces y tribunales para velar por el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia.

2º) La presentación de denuncias ante el Ministerio Fiscal:

Acciones de reclamación patrimonial del Estado por el mal funcionamiento de la Administración de Justicia, que provocan una mala gestión tanto para las personas que acuden a la justicia en busca de amparo como para aquellos que se ven envueltos en procedimientos incomprensiblemente largos e ineficaces para la reparación de sus derechos

3º) La difusión y concienciación de la sociedad:

Es importante que la sociedad esté informada sobre los problemas de funcionamiento de la Administración de Justicia y la importancia de su correcto desarrollo para garantizar los derechos fundamentales. Por ello, se realizarán campañas de concienciación y difusión de la labor de la asociación para que la ciudadanía pueda conocer y apoyar sus objetivos.

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