Representamos a los asociados perjudicados por los retrasos indebidos y les asesoramos para formular quejas por el mal funcionamiento de la Administración de Justicia y los órganos judiciales del órgano del poder judicial. Estudiamos cada caso de responsabilidad patrimonial del Estado, teniendo en cuenta las responsabilidades que deben cumplir: La existencia de un daño efectivo, individualizado y evaluable económicamente; que se haya producido un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. La concurrencia de la oportuna relación de causalidad entre el funcionamiento de la Administración de Justicia y el daño causado. La acción se ejercite dentro del plazo de un año desde que la producción del hecho determinante del daño propició la posibilidad de su ejercicio.