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La Asociación de Afectados por Dilaciones Indebidas de los Tribunales y de las Administraciones Públicas es una iniciativa impulsada por la Fundación Zaballos para la Defensa de los Derechos Constitucionales. Siguiendo a Séneca, el lema de esta Asociación es: «Una justicia que es lenta NO es Justicia».
El objetivo de la Asociación se centra en la defensa de los derechos de los ciudadanos vulnerados por causa de las dilaciones indebidas de los Tribunales y las Administraciones Públicas.
Una mala gestión por parte de las Administraciones Públicas y la Administración de Justicia que provoca retrasos indebidos puede ocasionar un evidente perjuicio en los derechos de las personas, especialmente en su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
Es fundamental que se garantice el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.
La Asociación lleva a cabo distintas acciones encaminadas a garantizar el derecho de los perjudicados por retrasos de los órganos judiciales y de las Administraciones.
Acciones tales como exigir la responsabilidad del Estado, formular quejas contra los órganos judiciales ante el Consejo General del Poder Judicial y promover iniciativas para adoptar soluciones técnicas y prácticas que eviten estos retrasos.
Representamos a los asociados perjudicados por los retrasos indebidos y les asesoramos para formular quejas por el mal funcionamiento de la Administración de Justicia y los órganos judiciales del órgano del poder judicial. Así como los reetrados indebidos en los procedimientos administraivos.
Estudiamos cada caso de responsabilidad patrimonial del Estado, teniendo en cuenta los requsitos que se deben cumplir para que concurra dicha responsabilidad:
Acciones de reclamación patrimonial del Estado por el mal funcionamiento de la Administración de Justicia, que provocan una mala gestión tanto para las personas que acuden a la justicia en busca de amparo como para aquellos que se ven envueltos en procedimientos incomprensiblemente largos e ineficaces para la reparación de sus derechos
Esta medida se puede tomar cuando se producen situaciones de retraso o negligencia que afectan el normal desarrollo de los procedimientos judiciales. El CGPJ es el órgano de gobierno del Poder Judicial y su principal función es garantizar la independencia de los jueces y magistrados. Además, tiene la competencia de supervisar la actuación de los jueces y tribunales para velar por el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia.
Es importante que la sociedad esté informada sobre los problemas de funcionamiento de la Administración de Justicia y la importancia de su correcto desarrollo para garantizar los derechos fundamentales. Por ello, se realizarán campañas de concienciación y difusión de la labor de la asociación para que la ciudadanía pueda conocer y apoyar sus objetivos.